Cientos de sacerdotes, religiosos y religiosas expulsados. Decenas de laicos arrestados o golpeados por las turbas, milicias paramilitares que dependen directamente del gobierno. Nicaragua ha escalado posiciones rápidamente en la lista de países con más persecución. El primer objetivo para el presidente sandinista Daniel Ortega y su mujer (exvicepresidenta y futura copresidenta) Rosario Murillo es la Iglesia. La situación se precipitó en abril de 2018, tras las manifestaciones de protesta contra la contestadísima reforma de pensiones presentada por el gobierno. Ortega ordenó reprimir la protesta con sangre para castigar a los “traidores”, en su mayoría jóvenes que se habían colocado en primera fila y contaban con el apoyo de la Iglesia, que pasó a ser la siguiente en el punto de mira del régimen. Los obispos habían abierto de par en par las puertas de las iglesias a esos jóvenes manifestantes perseguidos por las milicias y pagaron un precio altísimo. El 9 de julio de ese año, los paramilitares entraron en la basílica de San Sebastián en Diriamba y dieron una paliza al cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes Solórzano. Monseñor Silvio Báez, su auxiliar, fue expulsado. Peor le fue al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, arrestado y condenado a 26 años y cuatro meses de reclusión por «desobediencia a las autoridades, difusión de noticias falsas y terrorismo». Podía quedar libre si dejaba el país. El obispo se negó y le encerraron en una cárcel de máxima seguridad. Un año después, tras una compleja negociación con la Santa Sede, fue excarcelado y enviado a Roma, con la consigna de guardar silencio.