Cuarenta centavos de dólar o diez pesos mexicanos: eso es lo que cuesta el peaje peatonal del Paso del Norte, uno de los puentes que unen Ciudad Juárez con El Paso, México con Estados Unidos. Trescientos metros para cruzar el Río Grande y alcanzar la meta. Para miles de migrantes es el último obstáculo de un calvario que empezó hace semanas, meses o incluso años. En Venezuela, Honduras, Cuba, El Salvador o más lejos. Un viaje de tres mil kilómetros desde Chiapas, en la frontera con Guatemala, plagado de sacrificios, secuestros y extorsiones y que ahora encalla aquí, a dos pasos de la frontera americana, contra un muro que pretende disuadirlos pero que no los desanima.

Ahora que la administración Trump ha declarado el estado de emergencia en la frontera y ha reanudado las expulsiones masivas, las autoridades locales parecen más preocupadas por los repatriados forzosos (México es el país con mayor número de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, casi cuatro millones de personas) que por los que quieren cruzar la frontera. Los campamentos de migrantes por las calles de Ciudad Juárez han sido desalojados. Aparenta cierto orden hasta que se vislumbra el furgón naranja de los agentes del grupo Beta. Llevan víveres y mantas a unos venezolanos que han encontrado refugio en un alojamiento improvisado. Siete personas conviven en un pequeño habitáculo. Hay una joven asustada con su bebé, no quiere hablar ni que la graben porque, según nos cuentan, durante “el viaje” fue raptada por un cártel mexicano y teme que la puedan reconocer.